La Asociación de Agricultores y Ganaderos de La Palma (ASPA) ha solicitado al grupo de Gobierno en el Cabildo la revisión y modificación del Plan Insular de Ordenación de la Isla, el PIOLP, para garantizar la supervivencia de las explotaciones ganaderas del territorio insular, de las que el 80% y pese a la Ley 6/2009 de Medidas Urgentes en materia de ordenación Territorial, siguen estando en situación de alegalidad en la Palma.
Solo 33 granjas ganaderas de la Isla han logrado su legalización tras su solicitud al Gobierno de Canarias cuatro años atrás al amparo de la normativa redactada para la dinamización sectorial, una vía insuficiente, aseguran desde la entidad que agrupa a la mayor parte de ganaderos de la Isla, por la falta de recursos materiales para facilitar ese proceso. Pese a que la gran mayoría de estas explotaciones ganaderas cumplen estrictamente con las medidas sanitarias que establece la normativa regional y europea, su falta de encaje en el planeamiento urbanístico les impide acceder a las ayudas públicas, mermando enormemente su rentabilidad y abocando a muchos al abandono de esta actividad primaria.
Los ganaderos integrados en ASPA quieren que el Cabildo de La Palma les dé cabida en el Plan Insular de Ordenación, documento al que en su día presentaron una batería de propuestas que fueron obviadas en su mayoría y que ahora quieren volver a plantear en el camino de avanzar para conseguir una proceso efectivo de legalidad que hasta ahora no les ha sido beneficioso.
Existen dos procedimientos para la regularización de explotaciones ganaderas alegales: uno, el que se tramita a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, válido para las explotaciones anteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias y otro para las posteriores, que se tramitan mediante calificación territorial normal, con la única salvedad de que se les aplicará la Ley de Medidas Urgentes en función de la categoría de suelo en que estén emplazadas.
La autorización de la legalización es un proceso riguroso, exhaustivo y multidisciplinar que se realiza caso a caso, mediante acuerdo del Ejecutivo canario, a propuesta de la Consejería competente en Ganadería, previo expediente elaborado al efecto. Tras la elaboración del preceptivo informe por parte de GESPLAN, donde se analiza, el régimen urbanístico del suelo, las condiciones ambientales, y el cumplimiento o no de los requisitos sectoriales de sanidad y bienestar animal, el expediente es sometido a información pública y a informe del Ayuntamiento y Cabildo. Posteriormente se eleva al Consejo de Gobierno. La regularización permitirá mejorar la calidad y competitividad del sector, así como el acceso de las explotaciones regularizadas a diversos programas de ayudas europeos.
Los actos que autorizan la legalización establecen una serie de requisitos sanitarios, ambientales, y estéticos mínimos que deben cumplir cada una de las edificaciones, así como los plazos de adaptación para que se lleven a cabo las obras necesarias para cumplir con los requisitos ambientales y de sanidad y bienestar animal, establecidos por normativa comunitaria. En caso de incumplimiento en el plazo previsto, la regularización quedaría sin efecto.
El procedimiento de legalización de las explotaciones ganaderas es realizado por un equipo de técnicos formado, entre otros, por juristas, arquitectos, y veterinarios. De este modo se trata de garantizar la cobertura de todos los aspectos que confluyen en el proceso, plagado de exigencias burocráticas frente a las que muchos ganaderos tiran la toalla. Algunos de ellos por falta de fondos para ejecutar inversiones en las granjas que han supuesto su medio de vida durante décadas.
DIARIO DE AVISOS: ASPA pide al Cabildo la modificación del PIOLP para que de amparo a las explotaciones alegales